La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México saluda los primeros pasos para la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, mecanismo institucional diseñado para abatir el pesado lastre que representan las conductas ilícitas e irresponsables que buscan obtener rentas irregulares del ejercicio de los recursos públicos a través de la “mordida”, el “moche”, el “diezmo”, etc.
Los mexicanos tenemos la firme convicción de acotar, desde ya, las prácticas que han enriquecido de manera ilícita a muchos por el sólo hecho de administrar el dinero público o estar cerca de quien ostenta esta responsabilidad.
Estas prácticas han generado mayor pobreza, desigualdad y desgano entre los ciudadanos, por lo que la corrupción es identificada como una de las mayores causas del rezago nacional.
El presidente de la Canaco Ciudad de México, Humberto Lozano, señaló que muchos son responsables de la corrupción, ya sea por acción u omisión, sin embargo, no todos los ciudadanos deben ser vistos como culpables directos de tales actos. No todos los servidores públicos son corruptos ni se trata de un problema cultural sin remedio: la corrupción se da en sitios y contextos muy específicos hacia donde los legisladores deben poner su atención.
El líder empresarial agregó que las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción aprobadas en el Senado de la República, nos permiten atravesar el umbral del combate efectivo de la corrupción, pero se debe ir a fondo sin pretender buscar “chivos expiatorios” y ocultar lo que a todas luces es un problema nacional. El cobro irregular de rentas al Estado, la falta de transparencia y rendición de cuentas y la erosión sistemática de la legalidad, son actos que dañan cualquier forma democrática efectiva de gobierno.
Los empresarios agrupados en la CANACO lamentamos que el contenido original de la propuesta ciudadana denominada 3 de 3 haya quedado en una condición potestativa para los servidores públicos, pues su finalidad última es la de transparentar ingresos, posibles conflictos de interés y la información de las declaraciones fiscales de las personas que tienen a su cargo las grandes decisiones de orden público y la aplicación del dinero que pertenece a todos los mexicanos.
También lamentamos que, ante nuestra exigencia de claridad y transparencia en el sector público, se haya hecho extensiva, sin el mayor cuidado técnico y bajo las mismas premisas, requisitos para las empresas y todos (pero todos) los que laboran en ellas, sin medir siquiera el costo administrativo que esto implica y sin atender el hecho de que los recursos de los contratos públicos asignados a personas morales ya se fiscalizan en tiempo real por parte del Sistema de Administración Tributaria.
Humberto Lozano Avilés puntualizó que la comercialización de bienes y la prestación de servicios al sector público, sin duda, constituyen un espacio sensible a la corrupción y deben establecerse las medidas apropiadas para evitar la colusión de servidores públicos y representantes empresariales. Pero tales medidas no deben adoptar formas de revanchismo, pues es la sociedad en su conjunto (y no sólo algunos políticos) quien ha decidido poner freno al deplorable fenómeno de la corrupción.
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