- En 2008, Gerardo Ruiz Esparza adjudicó la
concesión del Viaducto Bicentenario a OHL, a pesar
de la existencia de una propuesta mejor y más
económica. Después, autorizó incrementos tarifarios
ilegales en perjuicio de los usuarios de esa obra.
- El Gobernador Eruviel Ávila hizo lo propio y el pasado
7 de julio autorizó otro incremento tarifario ilegal en el
Viaducto Bicentenario, por casi CUATRO VECES la
inflación.
OHL es el ENRON de nuestros días y el Circuito Exterior Mexiquense es el caso de
corrupción más grave de la historia reciente de nuestro país. Desgraciadamente, el
expediente de la adjudicación y el incremento de tarifas del Viaducto Bicentenario exhibe
también un listado de abusos, ilegalidades, corrupción e impunidad.
El 18 de abril de 2008 el entonces Secretario de Comunicaciones del Estado de México,
Gerardo Ruiz Esparza, adjudicó en favor de OHL la concesión del Viaducto Bicentenario.
Lo hizo, a pesar de que había por lo menos una propuesta cuyos términos eran
sustancialmente más favorables para el erario del Estado de México en cuanto a:
- Pago inicial al Gobierno del Estado por $1,500 millones de pesos en efectivo;
- 20% de los ingresos netos del proyecto para las arcas públicas, durante toda la vida
de la concesión;
- Mayor inversión del concesionario;
- Menor plazo de concesión solicitado para la recuperación de esa inversión;
- Tarifa más baja para los usuarios, comparada con la tarifa que cobra actualmente
OHL.
OHL ofreció pagar únicamente $480 millones de pesos y el 0.5% de los ingresos netos
del proyecto. El pago inicial ofrecido por la otra empresa equivalía a más de TRES VECES
el ofrecido por OHL. Y la contraprestación periódica ofrecida por la otra empresa equivalía
a CUARENTA VECES la ofrecida por OHL.
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La principal razón que argumentó Gerardo Ruiz Esparza para no adjudicar la concesión en
favor de la empresa que presentó la oferta más favorable, fue que le pareció que la
arquitectura del proyecto era “antiestética” [sic].
De esta forma, la perspectiva estética de Ruiz Esparza derivó en una afectación a la
hacienda pública estatal por más de $1,000 millones de pesos, más el 19.5% de los
ingresos netos del proyecto durante toda la vida de la concesión, recursos que no
ingresarán nunca a la caja del Estado y en consecuencia nunca servirán para generar
bienes y servicios públicos, sencillamente porque al entonces funcionario estatal no le gustó
el diseño de unas columnas.
Al margen del respeto que merezca el peculiar sentido de la estética de Gerardo Ruiz
Esparza, sus decisiones pueden constituir la comisión de actos de corrupción y diversos
probables delitos.
Por su parte, el 10 de mayo de 2015 el Gobernador Eruviel Ávila dio instrucciones a su
Secretario de Infraestructura, para que no se autorizara incremento alguno de las tarifas en
el Viaducto Bicentenario, hasta que OHL: (i) comprobara que está cumpliendo debidamente
sus obligaciones bajo el Título de Concesión; (ii) transparentara sus actos; y (iii) rindiera
cuentas “respecto a los hechos recientes”.
Al día de hoy, nada de esto ha ocurrido y, sin embargo, el Gobernador Eruviel Ávila autorizó
de manera ilegal un incremento de aproximadamente 8.33% a partir del 7 de julio de 2016.
Al día de hoy, ni siquiera han concluido las auditorías que desde hace más de un año realiza
Eruviel Ávila en el Estado de México a OHL en el Circuito Exterior Mexiquense y en el
Viaducto Bicentenario, pues según ha reconocido expresamente el Contralor del Estado,
siguen “apareciendo” estimaciones y documentos. Es decir, al parecer se siguen
fabricando documentos prefechados.
Los tiempos en que los gobernadores hacían en sus estados lo que les venía en gana sin
rendir cuentas ni enfrentar consecuencias se han terminado y, para bien de México, no
volverán.
El Gobernador Eruviel Ávila debe tomar en cuenta que los mexicanos estamos cansados
de la corrupción y de la impunidad; que el gobernador en turno ya no puede disponer a su
antojo de la infraestructura pública, como si fuera de su propiedad; que no sólo OHL, sino
el Gobierno a su cargo debe transparentar sus actos y rendir cuentas; que no hay margen
para la simulación ni para más “paquetes de impunidad” al estilo Veracruz, Quintana Roo
o Chihuahua.
Si el combate a la corrupción y a la impunidad es en verdad un asunto prioritario de la
administración del Gobernador Eruviel Ávila, tendrá de demostrarlo en los hechos.
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