La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o
Comisión) publicó el trabajo “Transición hacia mercados
competidos de gasolina y diésel”, mediante el cual identifica una
serie de posibles obstáculos a la competencia en estos mercados,
así como propuestas de solución. Lo anterior, considerando que
los precios de venta al público de estos combustibles serán
determinados bajo condiciones de libre mercado a partir del 1º
de enero de 2018.
Con el objeto de que la reforma energética – en lo que se refiere
a estos mercados – se traduzca en beneficios concretos para
la población, para la Comisión es fundamental enviar, desde
ahora, señales correctas de precios, incentivar el desarrollo
de infraestructura nueva y garantizar el acceso abierto de la
existente, promover fuentes de abasto diversas, evitar prácticas
anticompetitivas y fomentar la entrada y participación de empresas
en todas las actividades que integran la cadena productiva.
Para abatir los obstáculos referidos en el reporte, vinculados a
precios, infraestructura, logística, calidad y actividades de expendio,
es necesaria la adopción de políticas y regulaciones por parte de
autoridades de todos los ámbitos de gobierno. En este sentido, es
necesario, entre otras cosas:
- Modificar y flexibilizar el sistema de precio
administrado, a fin de incentivar actividades de
importación y comercialización por parte de agentes
económicos distintos a Pemex, reflejar realidades
logísticas nacionales y habituar al consumidor a
diferencias en precios propias de mercados abiertos.
- Asignar la capacidad de los sistemas de
transporte y almacenamiento de Pemex
mediante mecanismos competitivos.
- Garantizar el acceso abierto de infraestructura
logística en los puertos.
- Definir la política nacional de suministro a que
se refiere la Ley de Hidrocarburos.
- Homologar, sin perjuicio de la tutela del
medio ambiente, las normas oficiales sobre la
calidad de los combustibles con los estándares
técnicos aplicables en los mercados de referencia
(Estados Unidos y Europa), a fin de promover la
disponibilidad de combustibles y la fungibilidad de
éstos en territorio nacional.
- Remover obstáculos a la participación de la
inversión extranjera en actividades de transporte
de combustibles vía terrestre y marítima.
- Garantizar que los contratos de suministro y
franquicia suscritos por Pemex no restrinjan
la competencia, por ejemplo, impidiendo la
movilidad de los clientes hacia modelos de negocio
independientes o fuentes alternativas de abasto.
- Eliminar regulaciones locales que limitan la
oferta y otorgan ventajas indebidas en favor de
ciertos agentes, por ejemplo a través de requisitos
de distancia mínima entre estaciones de servicio o
superficies mínimas no sustentadas por razones de
seguridad.
- Generar información que permita al
consumidor, de manera presencial o remota,
comparar precios.
Como resultado de este análisis, la Comisión formuló
25 recomendaciones dirigidas a instancias federales
tales como: las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, Energía, Economía, y Comunicaciones y
Transportes; la Comisión Reguladora de Energía;
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos. El trabajo
también contiene recomendaciones para el
Congreso de la Unión, los poderes legislativos
estatales y los gobiernos locales.
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