EL FEDERALISMO HACE AGUA POR TODAS PARTES

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El sistema constitucional ha hecho una crisis profunda y del Federalismo de la Constitución de 1917 no queda nada: Valdés Ugalde

La situación actual no está funcionando. Hay que repensar un modelo de mando mixto: Chabat

Existen medidas para resolver la crisis y consisten en establecer legislaciones que regulen los derechos humanos: Serrano

 

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2016. El foro Federalismo,seguridad, derechos humanos y justicia se realizó en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México.  Este evento es el tercero que se realiza en el marco del Seminario El Federalismo Constitucional Mexicano, que se lleva a cabo por las celebraciones de los 100 años del periódico El Universal.

 

El director general de la Flacso México, Francisco Valdés Ugalde, agradeció la presencia del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Consejo Consultivo Editorial de El Universal. Señaló que gracias a su iniciativa seis instituciones académicas se comprometieron a apoyar el trabajo de los seminarios para generar un posicionamiento de política pública para la construcción de un mejor federalismo que será entregado a los legisladores de la Cámara de Senadores.

 

El ex rector de la UNAM consideró que la relación entre derechos humanos y federalismo es muy similar a otras facetas, como el federalismo hacendario, el federalismo social o los problemas en salud, y esto ocurre por la inmensidad del país, su heterogeneidad, sus contrastes, las disparidades con los diferentes tribunales supremos estatales y las múltiples comisiones estatales de derechos humanos.»Esa es la complejidad de la ecuación, ese es el país que tenemos y al que queremos hacerle aportaciones», dijo.

 

Valdés Ugalde, en su intervención, hizo una reflexión sobre el recorrido histórico de los cambios que ha sufrido la Constitución a través de sus más de 500 modificaciones, y concluyó que en materia de régimen político y el mismo sistema federal, “la Constitución de 1917 simplemente no existe”.

 

El investigador hizo un llamado a no hacer a un lado los antecedentes cuando se examinan los retos del presente, ya que “con la llegada del pluralismo político este mismo sistema constitucional ha hecho crisis de forma muy profunda”, pues la “estructura constitucional, pensada para un ejercicio centralista y vertical del poder, cancela la democracia en la organización del federalismo.”

 

Afirmó que cuando los congresos de los estados de la República legislan en materia de seguridad, “siguen profundamente atados al yugo de los gobernadores, que siguen siendo grandes poderes” y que por eso “se ha acuñado la expresión de feuderalismo para referirse a nuestro federalismo”.

 

La seguridad, sin colaboración entre los tres niveles de Gobierno

El investigador del CIDE, Jorge Chabat, recordó que durante su presidencia, Felipe Calderón fue muy insistente en su discurso sobre la necesidad de la colaboración entre las autoridades locales y los tres órdenes de gobierno para ser exitosos en el combate a la delincuencia organizada, política que ha continuado el actual presidente Enrique Peña Nieto.

 

Para Chabat es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los gobiernos estatales, aunque es parte de la discusión si se necesita o no la colaboración a nivel estatal y federal por dos argumentos principales: la capacidad de fuego del crimen organizado y la capacidad de corrupción de las autoridades locales por su marcada debilidad. “Lo que me queda claro es que la situación actual no está funcionando. Hay que repensar un modelo de mando mixto, quizás federalizar algunos delitos”, concluyó Jorge Chabat en su participación en el foro.

 

En su intervención, la directora de Causa en Común, María Elena Morera, cuestionó la eficacia del mando único implementado por la federación, al afirmar que “sólo funciona en operación”, ya que existe un incumplimiento en su desarrollo judicial. “La seguridad se construye de abajo hacia arriba y se promueve de arriba hacia abajo”, sentenció Morera, al mencionar que ésta sólo funciona cuando participa activamente la sociedad y que la voluntad política para mejorar también se traduce en invertir en la seguridad, es decir, hacer una mejor policía.

 

Por su parte, el senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad, aseguró que en México existe un federalismo de papel y un centralismo de verdad y que el crimen organizado se ha diversificado, ya que actualmente su principal fuente de ingresos no depende del tráfico de drogas, ya que se ha hecho del control de todos los delitos en el país.

 

Sobre el mando único, Encinas insistió en que hay que tomar en cuenta las malas experiencias que ya se han tenido en el país en materia de concentración del mando policiaco. Citó a Eduardo Buscaglia, quien dice “mando único, mafia única”, y explicó que la reforma debe consistir fundamentalmente en crear “un sistema nacional policial, en donde sea potestativo del municipio la delegación temporal o no del mando de la policía en su territorio”, de manera que si el municipio no tiene las capacidades institucionales para desempeñar la función de seguridad pública, solicite al sistema nacional que tome temporalmente el control, pero que al mismo tiempo esté obligado a formar su propia policía.

 

“Lo que queremos es que el Ejército regrese a sus cuarteles y para eso hay que construir todo el entramado y las capacidades institucionales para que desde el municipio hasta el gobierno federal asuman sus responsabilidades”, subrayó el legislador.

 

Los derechos humanos no son federales

Para inaugurar la segunda parte del  foro, donde se discutió el tema de Federalismo, Derechos Humanos y Justicia la doctora Sandra Serrano, investigadora de la Flacso México, comentó que en México estamos en una crisis de violaciones graves a derechos humanos: la policía, el ejército, empresas, el crimen organizado y además, las violaciones a derechos dirigidas por los gobernadores de los estados revelan un serio problema de federalismo. Considera que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos están diseñadas para atender violaciones hechas por agentes de bajo perfil, como policías, pero no tienen capacidad para enfrentar las responsabilidades de jueces, gobernadores y funcionarios de alto perfil.

 

Comentó que existen medidas para resolver la crisis que consisten en establecer legislaciones que regulen los derechos humanos, como la Ley General contra la Tortura o Contra la Desaparición Forzada porque, como lo ha citado la Relatoría Especial sobre la Tortura o el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, en el país «tenemos un problema de dispersión legislativa» donde cada estado pone el tipo penal que quiere sin cumplir estándares internacionales, y su propuesta es tener una ley general que diga «cómo debemos entender tortura y cómo debemos entender desaparición forzada».

 

A su vez, Luis Daniel Vázquez, también investigador de la Flacso México, no dudó en referirse a la justicia en México como “una justicia centralizada” ya que cada entidad federativa tiene su propio sistema de justicia, pero en la realidad “todo termina siempre en un amparo”.  Además, resaltó que “en el contexto actual se saca provecho del rencor social para aumentar las medidas represivas en detrimento de los avances conseguidos por las organizaciones defensoras de derechos humanos, sin que esto contribuya a obtener mejores resultados en materia de seguridad pero sí una incidencia en el incremento de las violaciones a  los derechos humanos”.

 

Ante la pregunta de cuándo y de qué tanto se tiene que descentralizar la justicia, Vázquez aseguró que la incapacidad técnica y económica para echar a andar la justicia en los estados se resolvería con la creación de una “Secretaría de Justicia”, al considerar que la respuesta no es una mayor centralización sino una mejor coordinación técnica.

 

Leticia Bonifaz, directora de Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la diferencia de derechos que existe entre los estados de la Federación.  Puso como ejemplo que en la Ciudad de México hay muchos más derechos que en otras entidades. Para ejemplificar su premisa, hizo referencia a la diversidad de los códigos penales en los estados de la República, que tienen normativas distintas, como es el caso de la penalización en la interrupción del embarazo.

 

“La vía de amparo no es un recurso para proteger a víctimas de la impunidad”, reclamó José Antonio Guevara, de la CMDPDH y profesor de la Universidad Iberoamericana, quien hizo referencia a la poca o nula atención o reparación del daño a víctimas de algún delito. Frente a esta situación propuso crear un “tribunal constitucional” que tenga una efectiva protección de derechos y no de intereses, con perfiles adecuados e independientes para acceder a la justicia de manera directa y no depender únicamente del Ministerio Público.

 

Para finalizar la mesa sobre Derechos Humanos y Justicia, Francisco Tortolero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también cuestionó el recurso de amparo y propuso  desaparecer la figura del amparo directo del fuero federal y propugnó por  una mayor presencia de la judicatura federal, la reducción de la carga de los tribunales federales y que las normas internacionales sirvan para homologar la justicia. Concluyó  que la protección judicial ha sido frenada por una actitud proteccionista desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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