Urge Baker & McKenzie a desmitificar los riesgos asociados a la propiedad agraria en México

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Inversionistas descartan proyectos debido a prejuicios sin fundamento en torno a tierras agrarias en el país, abogados especialistas.

 

Estas tierras son la a solución ante la escasez de tierra disponible para desarrollo de las áreas urbanas de las ciudades más importantes de México.

 

Ciudad de México, Octubre 19, 2016 – Los inversionistas interesados en los sectores energético e industrial del país consideran sin fundamentos legales a la propiedad agraria en México como ‘excesivamente riesgosa’, y por ese prejuicio están descartando proyectos productivos, coincidieron en señalar Pablo Amador Herrera y Roberto Cantú Dessommes, especialistas de la firma global de servicios jurídicos y fiscales Baker & McKenzie.

 

“Consideramos que ese prejuicio es erróneo, pues aún y cuando, en general, el régimen de propiedad social es más riesgoso que el régimen de propiedad privada, existen múltiples estudios y estrategias legales que pueden ser implementadas para mitigar considerablemente, o incluso eliminar, los riesgos intrínsecos de la materia agraria a efecto de desarrollar nuevos proyectos en grandes volúmenes de propiedad que al día de hoy se encuentran subdesarrolladas y no explotadas”.

 

Estas tierras, enfatizaron los especialistas, representan la solución ante la escasez de tierra disponible para desarrollo dentro de las áreas urbanas de las ciudades más importantes de México.

 

Si bien la interacción del sector privado con la propiedad agraria no es un tema novedoso, la modernización e inevitable expansión de los centros urbanos, el auge de la inversión extranjera en México, especialmente en el sector automotriz, y la reforma energética, plantean una nueva relevancia del sector agrario mexicano, enfatizó Cantú Dessommes.

 

Derivado de la reforma agraria, una gran parte de la superficie territorial mexicana se encuentra sujeta a un régimen de derecho social o agrario. La reforma agraria, que comenzó en la misma época que la revolución mexicana, derivó en la repartición de más de 100 millones de hectáreas de tierra (equivalentes, aproximadamente, a la mitad del territorio mexicano) y el establecimiento de cerca de 30,000 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades.

 

Amador Herrera por su parte comentó que hoy en día únicamente alrededor del 2.5 por ciento de la propiedad agraria ha modificado su régimen al de propiedad privada, lo que indica que una gran parte del territorio nacional aún se encuentra sujeta a un régimen agrario, mismo que no necesariamente está siendo debidamente explotado.

 

Como referencia, dijo, actualmente en el estado de Nuevo León existen más de 608 núcleos agrarios, los cuales representan alrededor de 6 millones 355 mil 885 hectáreas de superficie o lo que se traduce a un 29% de la superficie total del estado.

 

Como resultado de la modernización de los centros urbanos, las regulaciones sobre zonificación y las actividades industriales en las urbes se han vuelto más estrictas, provocando que dichas actividades queden, usualmente, relegadas a zonas aledañas y hacia las afueras de los centros urbanos.

 

Así, subrayaron los especialistas de Baker & McKenzie, pese a que gran parte de las zonas aledañas a los principales centros urbanos en México se encuentran actualmente regidas por la propiedad privada, el exponencial crecimiento urbano e industrial, especialmente del sector automotriz, el cual proyecta continuar en crecimiento durante los próximos años, está desplazando a los nuevos desarrollos industriales a ubicaciones más distantes de los centros urbanos, las cuales usualmente se encuentran sujetas (o recientemente se encontraban) al régimen agrario.

 

De acuerdo con los especialistas de esta firma global de servicios jurídicos y fiscales las proyecciones de la implementación de la reforma energética indican que una parte considerable del desarrollo de proyectos energéticos se llevará a cabo en, o tendrán algún tipo de interacción con, superficies de terreno sujetas al régimen agrario.

 

“Lo anterior se confirma si consideramos que las leyes que entraron en vigor por la reforma energética contemplan procedimientos administrativos y judiciales adicionales a los que deben sujetarse los proyectos energéticos que tengan algún tipo de interacción con un terreno sujeto al régimen agrario”, puntualizó Cantú Dessommes.

 

Así, concluyeron los especialistas de Baker & McKenzie, consideramos que la nueva realidad del sector industrial y energético provocará la constante y forzosa interacción del sector privado con terrenos sujetos al régimen agrario, creando una nueva coyuntura para que los inversionistas puedan instrumentar una auditoría legal integral sobre los antecedentes de los predios sujetos a régimen agrario, conocer los mecanismos para transformar las tierras agrarias al régimen de propiedad privada, y que, de ser necesario para el proyecto específico, puedan estructurar contratos de posesión y/o tenencia de la tierra sobre terrenos sujetos a régimen agrario.

 

Acerca de Baker & McKenzie

 

Fundada en 1949, Baker & McKenzie asesora a la mayoría de las organizaciones comerciales más dinámicas y exitosas del mundo, con 12.000 profesionales ubicados en las 77 oficinas en 47 países. La Firma es reconocida por contar con una perspectiva global, con un profundo entendimiento del idioma y de la cultura de los negocios, con un compromiso con la excelencia y con una fluidez  de primera clase en su servicio al cliente. Los ingresos globales correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2015 fueron de USD $2,430 millones. Eduardo Leite es el Presidente del Comité Ejecutivo. (www.bakermckenzie.com)

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