Al presidir la mesa de trabajo “Gobernanza y Participación Ciudadana”, la diputada Margarita Martínez Fisher (PAN) reconoció que los habitante de la CDMX demandan mayor transparencia en la aplicación del marco normativo urbano y aseguró que cuando se detecten irregularidades es imperativo aplicar las sanciones contenidas en la ley para asegurar un desarrollo sustentable, incluyente, sustentable y ordenado para la capital del país.
Durante el encuentro convocado por la Asamblea Legislativa, el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para colaborar de manera participativa en la elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano, la diputada del blanquiazul expresó su preocupación porque en el primer proyecto de programa no se incluyeran los instrumentos de control y vigilancia y de regulación.
“Si bien la ley y el resto del marco normativo ya establecen las atribuciones en este sentido, ésta debe contar también con mecanismos que garanticen el cabal cumplimiento de los mismos y demás instrumentos de planeación”, apuntó la diputada en el salón “Nelson Mandela” de la ALDF.
Martínez Fisher solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y al Instituto de Vivienda incluir instrumentos de control, regulación y vigilancia, como parte de una estrategia integral de desarrollo.
“El Programa General de Desarrollo Urbano, como cualquier otro, no logrará su objetivo si falla en su aplicación, y si se deja impune a quien ha violado sus disposiciones”, adelantó.
Celebró participación de la ciudadanía en la elaboración, aprobación, y posteriormente en su aplicación del Programa General de Desarrollo Urbano, además que se hallan los temas de gobernanza y participación ciudadana.
“Es la primera vez que se incluye de manera particular los apartados de gobernanza y participación ciudadana como instrumento de planeación para mejorar la gestión del desarrollo urbano”, ponderó.
La diputada Margarita Martínez reconoció el diagnóstico realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de los resultados de las mesas de trabajo de Conduse que, sin duda, han arrojado datos interesantes que servirán para la elaboración del PGDU.
Sobre la falta de un marco normativo que sancione las acciones ilegales, citó que en los últimos años las denuncias ante Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) relacionadas con modificaciones de usos de suelo se han incrementado de manera exponencial en el mismo periodo.
Ejemplo de esta situación son las poco más de 6 mil 400 denuncias ante PAOT tienen que ver con construcciones realizadas de manera ilegal o con una aplicación cuestionable, concluyó.
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