Chainalysis anunció el nombramiento de Carlos Jaramillo como Director Regional para América Latina, consolidando su estrategia de crecimiento en una región clave para la adopción de activos digitales.
Con más de 20 años de experiencia en seguridad, ciberinteligencia y crimen financiero, incluyendo roles de liderazgo en Voyager Labs, Cellebrite y Mattica, Carlos ha trabajado ampliamente con instituciones financieras, autoridades regulatorias y organismos de seguridad en Latinoamérica, impulsando la adopción de tecnologías avanzadas y la modernización de las capacidades investigativas. En Chainalysis liderará la expansión regional, fortaleciendo alianzas público-privadas y ampliando el acceso a nuestra plataforma de datos blockchain, dotando a reguladores, autoridades y entidades financieras de las herramientas para prevenir, detectar y desarticular las finanzas ilícitas, respaldando así un cumplimiento normativo sólido y un crecimiento seguro del mercado.
Sobre el reto que representa este nuevo cargo, Carlos destacó: “El mayor reto es cerrar la brecha entre la velocidad de la innovación cripto y la capacidad de nuestros países para aprovecharla de forma segura; esto requiere herramientas centradas en la prevención y respaldadas por datos confiables y probados. Mi objetivo es dotar al ecosistema regional de la capacidad para identificar riesgos de manera temprana, garantizar el cumplimiento normativo y construir confianza en los mercados cripto de América Latina”.
Asimismo, compartió su visión para la región: “Aspiro a que Latinoamérica sea un referente en la adopción segura de activos digitales, con datos confiables, talento capacitado y un ecosistema público-privado conectado que impulse la innovación responsable”, concluyó Jaramillo.
Con esta dirección, Chainalysis respaldará el avance de América Latina hacia una adopción más segura, trabajando junto a reguladores, autoridades y la industria para prevenir, detectar e investigar actividades ilícitas, al tiempo que fomenta la innovación responsable. El enfoque se centrará en fortalecer las capacidades de investigación, el cumplimiento regulatorio y la colaboración público-privada, todo ello sin frenar casos de uso vitales como las remesas, los pagos transfronterizos y el acceso a servicios financieros.




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