Desde la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral, las autoridades mexicanas han reforzado de manera significativa la supervisión sobre la contratación de servicios especializados. Hoy, las empresas que no verifican a sus proveedores enfrentan no solo multas millonarias, sino riesgos legales, fiscales y reputacionales que pueden comprometer seriamente la continuidad del negocio.

Seleccionar mal cuesta caro: AMECH llama a contratar proveedores certificados de Servicios Especializados con REPSE

En un entorno de alta fiscalización, el cumplimiento dejó de ser opcional y se convirtió en una decisión estratégica para las empresas

Ciudad de México enero de 2026. Desde la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral, las autoridades mexicanas han reforzado de manera significativa la supervisión sobre la contratación de servicios especializados. Hoy, las empresas que no verifican a sus proveedores enfrentan no solo multas millonarias, sino riesgos legales, fiscales y reputacionales que pueden comprometer seriamente la continuidad del negocio.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en coordinación con el IMSS, el SAT y el Infonavit, ha realizado más de 3,000 acciones de inspección en materia de outsourcing, imponiendo multas por más de 27 millones de pesos a empresas que incumplen la legislación vigente. 

REPSE, el primer filtro obligatorio: AMECH

“Cualquier empresa interesada en contratar un Proveedor de Servicios Especializados u Obras Especializadas debe verificar, antes de firmar un contrato, que dicho proveedor cuente con registro vigente en el REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas), administrado por la STPS”, señala Francisco Martínez Domene, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

De acuerdo con el líder de la AMECH, esta verificación pública es un paso básico de control y puede realizarse directamente en el portal oficial de la STPS. Omitirlo expone a las empresas a sanciones que van desde 2,000 hasta 50,000 veces la UMA, además de otras responsabilidades laborales y fiscales.

Responsabilidad solidaria: un riesgo que muchas empresas subestiman

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la responsabilidad solidaria. Si el proveedor de servicios especializados incumple con sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social, la empresa contratante puede ser considerada responsable directa frente a los trabajadores que participaron en la ejecución del servicio.

Por ello, la ley exige que el proveedor entregue mensualmente al cliente, documentación clave; entre ella:

• Comprobantes fiscales (CFDI) de nómina de los trabajadores utilizados.
• Declaraciones y pagos de retenciones de ISR por salarios.
• Comprobantes de pago de cuotas al IMSS y aportaciones al Infonavit.
• Declaraciones y pagos de IVA correspondientes al periodo facturado.

La ausencia de esta información no solo genera contingencias laborales, sino también la pérdida del derecho a deducir el gasto o acreditar el IVA, con impactos financieros inmediatos.

Servicios especializados: lo que sí y lo que no

La legislación es clara: los servicios especializados no deben formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario. Cuando esto no se cumple, los pagos realizados al proveedor carecen de efectos fiscales, sin perjuicio de multas que pueden alcanzar varios millones de pesos. A esto se suman obligaciones informativas ante el IMSS (ICSOE), Infonavit (SISUB) y el SAT, cuyo incumplimiento también conlleva sanciones económicas relevantes.

“Más allá de las multas, contratar proveedores no certificados o sin procesos adecuados de evaluación puede derivar en litigios, cancelación de contratos, auditorías fiscales, pérdida de reputación y desconfianza por parte de clientes, inversionistas y colaboradores”, enfatiza Martínez Domene. “En un contexto donde la transparencia y el cumplimiento son valores clave, una mala decisión en la cadena de suministro puede tener consecuencias duraderas”, agrega.

Frente a este escenario, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) se consolida como un referente para las organizaciones que buscan operar con seguridad jurídica y responsabilidad social y hace un llamado llama a evitar riesgos y sanciones por ignorar a los proveedores certificados y proteger los negocios 

De acuerdo con Francisco Martínez Domene, hoy, contratar proveedores certificados, con registro REPSE vigente y procesos sólidos de cumplimiento, no es solo una obligación legal: es una decisión estratégica. Las empresas que apuestan por el cumplimiento protegen su operación, reputación y futuro. Porque en el nuevo entorno laboral, cuando el proveedor falla, la empresa paga.