Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país.

LAS PRIORIDADES NACIONALES SON LA SEGURIDAD Y LA INVERSIÓN. NO ES MOMENTO DE UNA REFORMA ELECTORAL

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. Por ello, la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país.

En el contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y externa, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz en el país para generar las condiciones necesarias para la inversión, insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e inoportuna.

La pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derechos. Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división.

A ello se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico. La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos.

Además, este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social.

Cabe destacar que desde la década de los noventa, el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas, a través del diálogo y la construcción de consensos. Las reformas que dieron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la pluralidad no fueron concesiones del poder, sino conquistas sociales.

Este proceso permitió que México avanzara hacia un sistema electoral que ha proporcionado estabilidad política, alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Es un modelo perfectible, pero ha demostrado su relevancia como uno de los pilares del desarrollo democrático nacional.

Hoy enfrentamos un contexto distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo.

Estamos seguros de que las leyes electorales deben respetar cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente:

• Autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con independencia real, capacidad operativa suficiente y una estructura profesional y confiable de carácter permanente y no improvisada.
• Pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país.
• Fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas de competencia.
• Inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas.
• Certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.

En el caso específico de la reforma electoral, esta debe surgir como resultado de consensos ciudadanos, diálogo democrático y respeto a las instituciones.

Cuidar el sistema electoral implica actuar con responsabilidad institucional y atender con prioridad los desafíos urgentes que hoy afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país.

COPARMEX reitera su disposición permanente al diálogo respetuoso y a la construcción de acuerdos que fortalezcan la democracia, siempre con responsabilidad y visión de largo plazo.