Análisis de las Opiniones a la Consulta Pública sobre Preponderancia en Telecomunicaciones

http://bit.ly/1e3iCuh

 

México, D.F., a 29 de Junio de 2016. – El pasado jueves 16 de junio concluyó el periodo de recepción de opiniones referentes a la Consulta Pública sobre Preponderancia en Telecomunicaciones realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 

Su objetivo consistió en que el órgano regulador conociera las opiniones con respecto a la efectividad, en términos de competencia, de las medidas asimétricas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T, en lo sucesivo), América Móvil (Telmex y Telcel).

 

En ella participaron y emitieron recomendaciones operadores de telecomunicaciones, especialistas del sector, académicos, cámaras o asociaciones de la industria, consultorías especializadas, usuarios y público en general.

 

Esta convocatoria tuvo como resultado la recolección de aproximadamente 490 documentos, contabilidad que incluye desde opiniones personales, hasta estudios analíticos rigurosos.

 

Se espera que este ejercicio de consulta pública resulte de utilidad para el órgano regulador al evaluar la eficacia de la regulación asimétrica, determinar la vigencia de su implementación, reforzar su aplicación y cumplimiento, así como al considerar la conveniencia de ajustar o adicionar medidas asimétricas adicionales.

 

Acerca de las Opiniones Emitidas

 

Los documentos u opiniones manifiestas, entregadas y publicadas por el IFT contienen diversas opiniones que difieren en su contenido y perfil del participante.

 

Al 28 de junio de 2016, contabilizan 490 documentos disponibles en la página del regulador, mismos que fueron analizados de forma exhaustiva, para conocer las tendencias de opinión de los participantes. [1]

 

En primer lugar, se identifica que 91.4% de los documentos (448 en total) son opiniones infundadas,muestran un sesgo de opinión a favor del preponderante en telecomunicaciones (América Móvil) y carecen de análisis. Estas presentan contenido idéntico, bajo nueve formatos diferentes que, a pesar de haber sido ingresados por diferentes individuos, por su redacción es claro que provienen de una fuente común.

 

Como se apunta, únicamente fueron firmados por personas distintas. La propuesta central de todos ellos es que el IFT elimine la condición de preponderante a América Móvil.

 

Distribución de Opiniones a la Consulta Pública

sobre Preponderancia en Telecomunicaciones

 

Fuente: Elaborado por el IDET con información publicada por el IFT[2]

 

 

El resto de los documentos, equivalentes a 8.6% del total (42 documentos), presentan opiniones individuales y, en algunos casos, identifican grandes contrastes entre ellos.

 

Es importante resaltar que en opinión del IDET se identificaron algunas opiniones que no comprendían argumentos sólidos ni análisis relevante. Por lo anterior, de este segmento de opiniones no redundantes y de carácter individual fueron tomadas en consideración únicamente 33.

 

Segmentación de Opiniones por Temática

 

En términos generales, se encontró que 68% de las opiniones analizadas se pronuncia a favor de continuar con la regulación asimétrica de preponderancia en telecomunicaciones.

 

Al segmentar estos participantes por ámbito de ocupación, se identifica que 64% son operadores de telecomunicaciones, 22% especialistas, 7% académicos y la proporción restante (7%) corresponde a cámaras o asociaciones de la industria.

 

Respecto al contenido de sus opiniones, se reconocen cinco temas coincidentes.

 

En primer lugar, 73% de ellos apuntan ha habido una implementación regulatoria ineficaz, así como identifican un incumplimiento o cumplimiento parcial de las medidas asimétricas por parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T).

 

Distribución Temática de Opiniones a Favor de la Preponderancia

 

Fuente: Elaborado por el IDET con información publicada por el IFT[3]

 

 

Por otro lado, la misma proporción de participantes recomienda garantizar el cumplimiento de ofertas de referencia de servicios mayoristas (e.g. ofertas de compartición de infraestructura y desagregación de la red local) y propone que el IFT establezca las tarifas de estos servicios aplicables a los operadores competidores ‘ex-ante’.

 

Por último, un elevado porcentaje de las opiniones (87%) sugiere enfatizar, ajustar o adicionar medidas asimétricas al AEP-T. Mientras que 46% sugiere otras consideraciones, por ejemplo: extender el plazo de revisión de la preponderancia, la desagregación de visitas de verificación o mantener la asimetría de visitas con respecto al AEP-T.

 

En la opinión y análisis ingresados al IFT por The Competitive Intelligence Unit (CIU), consultoría especializada en el sector convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión y participante en esta consulta pública, “la aplicación de la regulación asimétrica definida hace 26 meses, ha resultado en prácticamente ningún efecto en términos de reconfiguración competitiva, medida en ingresos o usuarios, en los mercados en los que opera el preponderante”.[4]

 

“Cifras del mercado al primer trimestre del año identifican una despreciable reducción en la participación de mercado del operador preponderante en términos de usuarios fijos (telefonía y banda ancha), líneas e ingresos móviles. Mientras que en el caso de los ingresos fijos, su contribución al total generado por el segmento ha aumentado, aun tras la regulación asimétrica aplicable al operador”.[5]

 

Con respecto a la aplicación de las medidas asimétricas impuestas al AEP-T por parte del IFT, CIU destaca que “escasamente se han cumplido efectivamente un par de ellas, tal es el caso de la no discriminación de tarifas on-net y off-net y la eliminación de cargos por roaming nacional. Ha quedado pendiente la implementación de medidas que reducirían las barreras de entrada y desarrollo de los competidores, como la compartición de infraestructura pasiva y la desagregación de la red local del preponderante”.[6]

 

Por el lado contrario, el 32% restante de las opiniones analizadas, es decir, aquellas en contra de la continuidad de la preponderancia, coinciden que la regulación asimétrica ha sido eficaz para reducir la participación de mercado del AEP-T. Consecuentemente, se han detonado mejores condiciones de competencia efectiva y se han reducido las barreras a los competidores en el sector de telecomunicaciones.

 

Asimismo, 71.4% de estos participantes proponen analizar la vigencia o temporalidad de la aplicación de las medidas asimétricas, mientras que 42.9% afirma que a partir del cumplimiento de estas y la materialización de mejores condiciones para la inversión, la reducción de precios, el aumento de la calidad y penetración de los servicios de telecomunicaciones; el IFT considere eliminar o relajar las medidas asimétricas impuestas al AEP-T.

 

El Dictamen Final lo tiene el IFT

 

Queda de manifiesto en la opinión fundada de la mayoría de los participantes, entre ellos, los operadores que configuran la competencia y para los cuales está enfocada la regulación asimétrica, que no se han materializado condiciones de competencia efectiva. Esto resulta en que el mercado de telecomunicaciones y sus respectivos segmentos fijo, móvil y de banda ancha en los que opera el AEP-T, aún se encuentran excesivamente concentrados.

 

En razón de ello, es que el IDET insta a que el regulador analice a profundidad las opiniones y argumentos sólidos vertidos en la consulta pública y no se incline por aquellas opiniones sesgadas a favor del AEP-T.

 

La materialización efectiva de sus efectos esperados no se ha alcanzado, a la luz de las opiniones analizadas. Por lo que, al frenar la aplicación efectiva de las medidas asimétricas de preponderancia, se impediría la consecución de un desarrollo eficiente del sector de telecomunicaciones en México.

 

Prueba de la capacidad regulatoria y autonomía del IFT, será puesta en tela de juicio a partir del dictamen final que emita en noviembre próximo, cuando defina el futuro de la fórmula de preponderancia.

 

Acerca del IDET

El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.

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