Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fortalece y garantiza a la ciencia

Autor
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
Fecha de publicación
05 de enero 2023
Categoría
Comunicado

· Diversos medios de comunicación y columnistas han difundido información confusa, engañosa y sin apego a la verdad sobre el proyecto de ley

· La primera Ley General en materia de HCTI, presentada por el presidente López Obrador, fortalecerá al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

· Garantiza derecho humano a la ciencia, dando cumplimiento a lo que ordena el artículo 3° constitucional

· Desde 2019 se ha llevado un proceso de consulta con la comunidad del sector, incluyendo representantes de organismos e instituciones de educación públicas y privadas

La iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI), presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), consolida y reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional.

Al ser una propuesta de avanzada, que rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico, han surgido voces motivadas por intereses económicos y políticos que buscan conservar privilegios a través de modelos poco transparentes y pseudociencia.

Estas voces han desatado una campaña de desprestigio en diversos medios de comunicación que difunden críticas, opiniones y afirmaciones lejanas a la realidad y que, incluso, faltan a la verdad sobre la reorganización e implicaciones que se proponen en la nueva iniciativa de Ley HCTI.

Es importante destacar que la propuesta de iniciativa de Ley HCTI –que se estudia en las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen, y en las Comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para opinión técnica del Congreso de la Unión– cumple el mandato del artículo 3.° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y armoniza el contenido con la legislación internacional, para garantizar al pueblo de México el derecho humano a la ciencia, entendido como el goce de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico por todas y todos los mexicanos.

Esta iniciativa confirma a la ciencia como derecho fundamental y reconoce la importancia de garantizar otros derechos como la alimentación y el acceso tanto a la salud como a la información; principios que desconoce la actual Ley de Ciencia y Tecnología (CYT) vigente.

La propuesta de Ley HCTI marca un hito al fortalecer al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y concretar la innovación del humanismo mexicano, reafirmando a la institución como un organismo público descentralizado y su calidad de entidad especializada, responsable de la política nacional, coordinadora del sector de HCTI y asesora del Ejecutivo federal. Es decir, el Conacyt no desaparece, como algunos medios replican sin fundamento y, aparentemenete, sin haber corroborado con el contenido de la iniciativa.

El carácter dialógico de esta iniciativa se funda en la interlocución, amplia e incluyente, en la que han participado más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de consensos, los cuales sirvieron como principios para la elaboración de lo que será la primera ley general. Es así como, desde 2019, el Conacyt ha llevado un proceso de consulta amplio, con personas integrantes del sector, incluyendo grupos de trabajo con representantes de los organismos de HCTI.

La consulta amplia y constante que se ha llevado a cabo para la construcción de la iniciativa, no excluyó a nadie. Contrario a lo que algunos medios de comunicación afirman, este ejercicio exhaustivo sumó la participación de las y los titulares e investigadores de los 26 centros públicos de investigación (CPI), personas de la academia y la investigación; representantes de distintos centros, academias, universidades, instituciones públicas de educación superior, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); así como a organizaciones sociales y privadas, a fin de formular un proyecto plural y democrático.

Cabe señalar que participaron autoridades de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Tecnológico Nacional de México (ITAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y las universidades interculturales, entre otras.

Asimismo, investigadores de instituciones privadas, por ejemplo, de la Universidad Panamericana (UP) y de la Universidad Iberoamericana (UIA). Además, participó activamente el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Ley de CYT, así como miembros de la organización ProCiencia, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

La propuesta del Ejecutivo parte de una revisión profunda y crítica de la Ley de CYT vigente, la cual ha sufrido 11 reformas a lo largo de más de 20 años de vida y que ha sido rebasada por los nuevos estándares del Estado para garantizar el derecho humano a la ciencia. Por tal motivo, se revisaron 49 iniciativas de ley, incluida la reforma de la Ley de CYT del seis de noviembre de 2020, así como la iniciativa presentada el 17 de agosto de 2022 por el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks.

La Ley General en materia de HCTI integrará a la Ley de CYT y a la Ley Orgánica del Conacyt, al incluir en su contenido tanto la parte sustantiva de la política pública en la materia como la parte operativa y orgánica del Conacyt y los CPI; armonizando el marco jurídico nacional en congruencia con la transformación de la vida pública por la que atraviesa México y fortaleciendo la soberanía nacional mediante la independencia científica y tecnológica.

El proyecto de Ley promueve que el financiamiento para las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación se incrementen de manera progresiva sin que sean posibles las regresiones; contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, sin que ello implique un cheque en blanco ni falta de reglas para la rendición de cuentas. Incluso, amplía las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos estatales a participar en el financiamiento público de las HCTI.

Reivindica el interés público sobre el particular

Esta primera Ley HCTI evita que se invierta el dinero público en proyectos de particulares con fines de lucro y sin ningún beneficio público, lo que garantiza el adecuado uso de los recursos públicos dirigidos a la ciencia aplicada para resolver y proponer soluciones a los problemas prioritarios del país.

De manera decidida, se mandata la construcción democrática de una agenda nacional en materia de HCTI, así como la implementación de Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) orientados a diagnosticar y proponer a las autoridades competentes, acciones y medidas para prevenir y atender problemáticas nacionales concretas que requieran soluciones integrales, profundas y amplias. De este modo, mediante los Pronaces, se busca atender agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socioecológicos, energía y cambio climático, transición energética, entre otras que resulten pertinentes.

No limita o acota la labor científica y tecnológica

Es importante aclarar que esta iniciativa no determina lo que es o no ciencia, ni lo que puede o no hacer la comunidad científica mexicana; tampoco restringe la libertad de investigación de las personas que quieran realizar actividades en la materia financiadas con sus propios recursos. Lo que sí establece esta iniciativa es el marco para promover que las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación sean herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar del pueblo de México.

En el caso de los CPI no los convierte en organismos al servicio del gobierno, sino que armoniza su marco normativo como centros estatales financiados con recursos de todas las y los mexicanos, sin que ello conlleve generar un pensamiento único en el quehacer interno.

Se impulsa de manera decidida la ciencia básica y de frontera

La propuesta garantiza que no se repita el abandono a la ciencia básica y de frontera que se impuso en los regímenes pasados, como sucedió en 2017 y 2018, tiempo en el que no se destinó un solo peso a la ciencia básica. A diferencia de antes, en esta nueva iniciativa de Ley en HCTI, se propone un mandato explícito para que el Estado y otros actores promuevan una auténtica ciencia aplicada con desarrollo tecnológico e innovación a favor del bien común.

Asimismo, prevé la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas académicos de investigación de todas las áreas del conocimiento, y el apoyo a quienes estén en especialidades enfocadas en asuntos de interés estratégico o prioritario para el país.

En este tenor, la iniciativa de Ley General en HCTI no elimina el apoyo a estudiantes de posgrados de universidades privadas o programas profesionalizantes, sino que establece criterios para que las empresas educativas o interesadas en la formación especializada sean partícipes de estos apoyos.

Proscribe los fideicomisos

Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas que, hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria; mismos que permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y trasnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

En su lugar, el proyecto de iniciativa establece que las fuentes del financiamiento desde el Estado a las actividades de humanidades, ciencias, tecnología e innovación se aplicarán bajo los principios constitucionales de transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Además, de manera histórica, promueve que los recursos fiscales destinados al fomento de actividades del sector sean entregados directamente y sin intermediarios a las y los beneficiarios, así como a las personas investigadoras y becarias.

Se invita a los medios de comunicación, personas interesadas, así como a integrantes de la comunidad humanística, científica y tecnológica, a consultar de manera directa el proyecto presentado al Congreso de la Unión, disponible en: https://bit.ly/3jSiC7K

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