La distancia entre el discurso internacional y los recursos disponibles en las comunidades sigue siendo considerable. Rainforest Foundation Norway calculó que, entre 2011 y 2020, el apoyo destinado a la tenencia territorial y al manejo forestal de pueblos indígenas y comunidades locales en países tropicales promedió 270 millones de dólares anuales.

La adaptación al cambio climático se construye desde las comunidades

Ciudad de México, México, agosto de 2026.- Las comunidades indígenas locales protegen algunos de los ecosistemas más relevantes para enfrentar el cambio climático, pero reciben menos del 1% de la ayuda internacional destinada a mitigación y adaptación. La cifra, documentada por Rainforest Foundation Norway, revela una falla en la arquitectura climática: los recursos permanecen lejos de quienes gestionan bosques, cuencas, suelos y zonas costeras todos los días.

La adaptación suele discutirse en términos de infraestructura, tecnología y presupuestos públicos. Sin embargo, su eficacia también depende de decisiones tomadas a escala territorial: cómo se conserva una cuenca, qué especies se utilizan para restaurar un ecosistema, dónde se recupera un manglar o qué prácticas productivas permiten reducir la degradación del suelo.

Después de 45 años de trabajo en conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la gobernanza de los ecosistemas, Pronatura México identifica cinco decisiones necesarias para incorporar la acción comunitaria a las estrategias de adaptación climática.

1. Diseñar las soluciones a partir de las condiciones del territorio. Una medida de adaptación puede ser técnicamente correcta y fracasar por desconocer las dinámicas sociales, productivas o culturales de la región donde se aplica. El manejo del agua, la restauración forestal y la protección de especies requieren información científica, pero también experiencia acumulada sobre ciclos naturales, cambios en el paisaje y formas locales de aprovechamiento. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, estima que los pueblos indígenas poseen, ocupan, utilizan o gestionan tradicionalmente al menos una cuarta parte de la superficie terrestre mundial. Esa escala convierte su participación en un componente operativo de cualquier estrategia climática, no únicamente en un mecanismo de consulta.
2. Proteger el conocimiento que permite conservar la biodiversidad. Una parte considerable de la biodiversidad mundial se encuentra en territorios indígenas. Naciones Unidas señala que estas comunidades resguardan alrededor del 80% de la biodiversidad restante del planeta. IPBES calcula, además, que sus territorios coinciden con cerca del 35% de las áreas formalmente protegidas y de las zonas terrestres con muy poca intervención humana. Esta relación tiene una consecuencia práctica: cuando una comunidad pierde control sobre su territorio, también puede desaparecer conocimiento relevante para el manejo de semillas, bosques, agua, fauna y sistemas productivos. Documentar, transmitir y reconocer ese saber amplía las capacidades disponibles para responder a sequías, incendios, inundaciones y pérdida de especies.
3. Dar capacidad de decisión a las nuevas generaciones. El relevo generacional definirá la continuidad de muchas iniciativas comunitarias. En el mundo viven 1,800 millones de personas de entre 10 y 24 años; cerca del 90% reside en países en desarrollo, de acuerdo con Naciones Unidas. Su participación ya puede observarse en proyectos de monitoreo ambiental, restauración ecológica, agricultura regenerativa y uso de herramientas digitales para registrar cambios en los ecosistemas. Para aprovechar esa capacidad se requieren formación técnica, acceso a financiamiento y espacios reales de decisión. Convocar a jóvenes únicamente como beneficiarios limita su aportación; integrarlos al diseño y ejecución de los proyectos permite combinar conocimiento heredado, ciencia y nuevas tecnologías.
4. Cambiar la ruta del financiamiento climático. La distancia entre el discurso internacional y los recursos disponibles en las comunidades sigue siendo considerable. Rainforest Foundation Norway calculó que, entre 2011 y 2020, el apoyo destinado a la tenencia territorial y al manejo forestal de pueblos indígenas y comunidades locales en países tropicales promedió 270 millones de dólares anuales. Esa cantidad representó menos del 1% de la ayuda oficial para mitigación y adaptación climática durante el mismo periodo. Ampliar los fondos será insuficiente si persisten requisitos, intermediarios y procesos administrativos que dificultan el acceso local. Los mecanismos financieros necesitan reconocer distintas formas de organización comunitaria, ofrecer acompañamiento técnico y establecer sistemas de rendición de cuentas proporcionales a la escala de cada proyecto.
5. Medir la inversión por su permanencia en el territorio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que la brecha anual de financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo se encuentra entre 187 mil y 359 mil millones de dólares. En 2022, los flujos públicos internacionales destinados a este propósito alcanzaron apenas 28 mil millones. Cerrar esa diferencia exige movilizar capital, pero también evaluar qué ocurre después de aprobarlo. Un proyecto puede reportar hectáreas intervenidas, talleres impartidos o recursos ejercidos y aun así carecer de continuidad. La medición debe considerar la recuperación de los ecosistemas, las capacidades instaladas, la generación de ingresos compatibles con la conservación y la posibilidad de que las comunidades sostengan las acciones una vez concluido el financiamiento.

Estas medidas han permitido a la organización desarrollar esquemas transversales aplicados en los que la adaptación climática se decide tanto en los presupuestos nacionales y los organismos internacionales como en los territorios que enfrentan la pérdida de agua, la degradación del suelo y la alteración de sus ciclos productivos. A través de proyectos como Cuencas Verdes, Alianzas Climáticas, entre otros, Pronatura México ha logrado constatar que impulsar el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones incrementa el alcance de la inversión y fortalece la protección de los ecosistemas, pero es indispensable poder garantizar su continuidad.

México necesita mecanismos robustos que coloquen recursos, conocimiento técnico y capacidad de decisión en las regiones expuestas a mayores riesgos. La siguiente etapa de la política climática deberá medirse por la cantidad de soluciones que logren permanecer en el territorio cuando terminen los programas, los convenios y los ciclos presupuestales.

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Acerca de Pronatura México

Pronatura México es la organización líder en conservación con 45 años de trayectoria dedicada a la regeneración de la biodiversidad y al fortalecimiento de la resiliencia en los ecosistemas más estratégicos del país. Con un impacto que hoy alcanza a más de 6 millones de personas, la organización lidera la protección de más de 50,000 hectáreas de hábitats clave para la supervivencia de 2,000 especies. Mediante soluciones basadas en la naturaleza, ciencia de datos y una gobernanza tripartita que integra a la iniciativa privada, comunidades y gobiernos, Pronatura impulsa la seguridad hídrica y la mitigación de riesgos climáticos con resultados medibles, como la infiltración de 14 millones de m3 a través de proyectos multianuales que seguirán generando un beneficio hídrico a largo plazo en regiones críticas. Respaldados por casi 17 mil horas de voluntariado, Pronatura transforma la conservación en una inversión estratégica para garantizar la estabilidad del capital natural y el desarrollo sostenible de México.