Palabras del secretario de Hacienda, Édgar Amador, al
comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores por la
Glosa del 2o. Informe de Gobierno
Buenos tardes, comparezco ante esta Soberanía en el marco de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, agradezco la oportunidad de comparecer ante esta Soberanía para
informar sobre las acciones que hemos llevado a cabo durante el segundo año
de la presente administración, y explicar cómo éstas forman parte de una
estrategia integral para fortalecer el crecimiento, la inversión y el bienestar de
las familias mexicanas.
Uno de los principales resultados de esta Administración ha sido recuperar de
manera sostenida el poder adquisitivo de las familias. Prueba de ello es que, en
2026, el salario mínimo acumula ya un aumento real de más de 150% desde
2018 y la participación de los salarios en el PIB alcanzó un máximo histórico de
31%.
Pero aumentar los ingresos no sería suficiente si al mismo tiempo se pierde
capacidad de compra por el aumento de los precios. Por eso, desde la
Secretaría de Hacienda hemos acompañado la recuperación de los ingresos de
las familias y el fortalecimiento de la demanda interna con medidas para apoyar
el descenso de la inflación a niveles consistentes con el objetivo del banco
central.
Esto ha sido posible, en buena parte, gracias al Paquete Contra la Inflación y la
Carestía, el acuerdo con el sector gasolinero y los estímulos fiscales al IEPS de
combustibles que han contribuido a proteger el poder adquisitivo de las
familias. Sin el mecanismo de estímulos al IEPS, que ha evitado un incremento
en el precio de las gasolinas, estimamos que la última lectura de la inflación se
habría ubicado por encima de 4%, en lugar de 3.4%.
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Estos esfuerzos ya tienen una expresión concreta en los hogares. En 2026, la
pobreza laboral se ha ubicado en sus niveles más bajos desde que se tiene
registro, en adición, la política social ha alcanzado una escala sin precedentes.
Hoy, cerca de 43 millones de personas son beneficiarias de al menos alguno de
los programas sociales, esto equivale al 41% de los hogares en el país.
El siguiente paso es continuar fortaleciendo la capacidad de nuestra economía
para generar más empleos, más inversión y mayor crecimiento de manera
sostenida. Para ello, estamos impulsando una nueva etapa de inversión en
infraestructura, energía, agua, salud; reduciendo costos logísticos;
incrementando el acceso a financiamiento mediante la banca de desarrollo,
simplificando y digitalizando trámites, y creando mejores condiciones para que
la inversión privada se traduzca en mayor capacidad productiva.
Dentro de estas acciones, contamos con una estrategia para impulsar
proyectos en cada una de las entidades federativas del país, entre los cuales se
encuentran proyectos carreteros, ferroviarios, hídricos, energéticos, portuarios
y de vivienda, algunos de ellos ya en ejecución y otros que comenzarán su
construcción en lo que resta del año y el año entrante. Es decir, hoy estamos
construyendo o ampliando la infraestructura a lo largo del país, la cual
permitirá mejorar la conectividad, atraer inversión, generar empleos y
fortalecer la capacidad productiva.
Esta combinación de inversión pública y privada ya comienza a reflejarse en la
actividad económica. Tan sólo entre enero y julio de 2026, la inversión pública
reportada por el Inegi creció 10% anual y la inversión privada repuntó,
mientras que el dato de inversión global mostró un crecimiento de 6.6% anual
en julio, ligando ya cuatro meses consecutivos de alza para este indicador.
En el sector externo, la economía mexicana también ha mostrado
fundamentales robustos. La inversión extranjera directa alcanzó un nivel
récord de cerca de 35 mil millones de dólares, siendo un reflejo de la confianza
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que los inversionistas tienen para destinar las inversiones de capital de largo
plazo en nuestro país.
El desempeño de nuestro sector comercial también ha excedido todas las
expectativas. Las exportaciones han mostrado un desempeño nunca antes
visto desde que se firmó un tratado comercial en América del Norte, con un
crecimiento acumulado de 28% al mes de julio. Este desempeño refleja la
fortaleza productiva de nuestro país, que seguirá consolidándose a lo largo de
esta administración bajo el Plan México, una estrategia que busca elevar el
contenido nacional, profundizar las cadenas productivas y generar economías
de escala para atraer mayor inversión productiva, generar empleos y detonar
el crecimiento económico sostenido.
Los datos de inversión están reflejándose también en la actividad económica
en su conjunto. Para el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 2.1% anual y
registró su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.
Además, el Indicador Global de la Actividad Económica de julio creció 3.4%
anual, el mayor crecimiento observado desde julio de 2024, lo que apunta a una
continuidad de esta dinámica durante el tercer trimestre.
En conjunto, una mayor inversión, un sector exportador sólido y la resiliencia
del consumo están reflejándose también en la actividad económica. Para el
segundo trimestre de 2026, el PIB creció 2.1% anual y registró su mayor avance
trimestral desde el primer trimestre de 2022.
Un mejor desempeño de la actividad está, a su vez, contribuyendo a una mejora
generalizada en las perspectivas de crecimiento para México. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, elevó su estimación
para 2026 de 0.8 a 1.5%, mientras que el FMI también incrementó
recientemente su proyección a 1.5% cifra en línea con nuestra estimación de
crecimiento de entre 1 y 2% para este año. Para 2027, estimamos que la
economía mexicana sólo continuará acelerando su crecimiento en un rango de
1.5 y 2.5%.
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Lo anterior demuestra que el crecimiento y bienestar son objetivos
compatibles. El crecimiento sólo importa si los beneficios de crecer llegan a las
familias, se traducen en mejores ingresos y generan oportunidades para
quienes trabajan y contribuyen a nuestra economía. Ésa es la orientación de la
política económica del segundo piso de la Cuarta Transformación: crecimiento
con bienestar.
Para que esta política económica sea sostenible, requerimos de finanzas
públicas sanas. La estabilidad macroeconómica es la base de la confianza, de la
inversión y del crecimiento, pero también es lo que permite al Estado mantener
su capacidad para invertir, proteger a las familias y responder ante nuevos
desafíos.
Es por ello, que me permito informar a esta soberanía de los esfuerzos que esta
administración ha realizado en materia de consolidación fiscal, mismos que
han reflejado resultados sin dejar de proteger las prioridades de bienestar y
crecimiento de nuestro país. Para el cierre de 2026, los Requerimientos
Financieros del Sector Público se habrán reducido en 1.7 puntos porcentuales
del PIB respecto a 2024, una reducción histórica en un contexto de estabilidad
y crecimiento.
En ese tenor, nuestra administración también ha fortalecido la posición
financiera de PEMEX. Las acciones implementadas durante los primeros dos
años de este gobierno han permitido reducir la deuda de la empresa a su nivel
más bajo desde 2014. Esta medida ha tenido un impacto inmediato en la
percepción del mercado: las agencias calificadoras elevaron la calificación
crediticia de PEMEX por primera vez en 12 años y PEMEX volvió exitosamente a
los mercados de capitales en los inicios de este año, con emisiones locales cuya
demanda fue de dos veces el monto colocado.
En materia de ingresos, durante los últimos años hemos avanzado en fortalecer
la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores
mecanismos de cumplimiento, para que cada contribuyente cumpla con sus
obligaciones de acuerdo con su capacidad económica.
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Como resultado de estas acciones, estimamos que para el cierre de 2026 los
ingresos tributarios alcancen 15.4% del PIB, lo que representa 0.7 puntos
porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración, esto
es 776 mil millones de pesos en términos nominales en dos años sin la
necesidad de incrementar los impuestos o realizar una reforma fiscal.
Este fortalecimiento de la recaudación permitirá que en 2027 los ingresos
totales alcancen 9.2 billones de pesos. En términos reales, estos crecerán 5.9%
respecto a 2026, con lo cual alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB.
Para continuar consolidando la solidez de los ingresos, en 2027 avanzaremos
en dos frentes. El primero de ellos será facilitar el cumplimiento de las
obligaciones y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal. Para ello,
robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del SAT, que
permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la
fiscalización.
Por otro lado, seguiremos manteniendo la equidad del sistema tributario,
evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en
mecanismos de planeación fiscal agresiva que terminen trasladando una
mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.
Las modificaciones a las deducciones y pérdidas fiscales responden a este
objetivo. En 2025, aun entre las empresas con ingresos positivos, cerca de 60%
no pagó ISR, mientras que para el 90% de las empresas la tasa efectiva se
encontraba por debajo de 2.5%. Por ello, estas modificaciones buscan cerrar
estos espacios y asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica
realicen una contribución acorde con ella, ello fomenta la equidad del sistema
tributario y los recursos públicos.
Para mantener el crecimiento de los ingresos en el futuro, necesitamos invertir
hoy en mejores sistemas de información. Por ello, proponemos dos iniciativas
que modernizan la infraestructura institucional de nuestro sistema tributario
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general: la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales, que ampliará la
trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización y la Ley General
para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, que permitirá contar con
información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles. Con
mejores datos y mejores herramientas, se podrá gradualmente reducir
espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria,
particularmente de los gobiernos locales.
Al mismo tiempo, queremos que sea más sencillo para las empresas pequeñas
cumplir con sus obligaciones fiscales y apoyarlas durante su crecimiento. Por
ello, se propone ampliar los umbrales del Régimen Simplificado de Confianza
de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para
personas morales, además de ofrecer una opción simplificada para el pago del
IVA. Con ello, reducimos los costos de cumplimiento y damos mayor espacio
para que las empresas pequeñas crezcan y se formalicen.
Para movilizar recursos hacia la inversión y el desarrollo productivo, se
establece un programa de repatriación de capitales con una tasa reducida de
ISR sobre el monto repatriado. El objetivo es incentivar la canalización de
recursos hacia la economía mexicana, dirigiendo los activos repatriados hacia
inversiones estratégicas para el desarrollo productivo y de acuerdo con el Plan
México.
Las medidas para el fortalecimiento de los ingresos públicos no sólo amplían la
capacidad fiscal del gobierno federal; también contribuyen a la solidez de las
haciendas estatales y municipales. Una mayor Recaudación Federal
Participable, que crecerá 3.8% real, permitirá mayores transferencias
federalizadas y dará a estados y municipios más capacidad para atender
responsabilidades fundamentales, como seguridad e infraestructura de
servicios públicos básicos.
En materia de ingresos no tributarios, proponemos actualizar los derechos y
aprovechamientos conforme a sus costos y a las nuevas necesidades del país.
Estas medidas, acompañadas de la digitalización y la modernización
administrativa, permitirán hacer más eficiente la captación de ingresos y
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eficientar los procesos de pago y supervisión en servicios estratégicos, desde
migración y aduanas hasta infraestructura ferroviaria y portuaria.
La fortaleza de los ingresos permitirá avanzar simultáneamente con el proceso
de consolidación fiscal logrado hasta el momento, permitiendo preservar los
recursos destinados a los dos ámbitos que más inciden en el crecimiento y en
el bienestar: la inversión productiva y el gasto social.
En cuanto al financiamiento, se seguirá privilegiando el endeudamiento en
moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, para reducir la exposición a
movimientos en las tasas de interés y del tipo de cambio. El 79% de la deuda
estará denominada en moneda nacional y mayormente a tasa fija y de largo
plazo. La deuda pública se ubicaría en 55% del PIB, un nivel sostenible en el
mediano plazo y por debajo del nivel observado en otras economías
emergentes de Latinoamérica y también para el promedio de los países
desarrollados.
En ese sentido, es importante recordar que la sostenibilidad fiscal debe
analizarse con una perspectiva integral. La dinámica de la deuda depende del
balance fiscal, pero también del crecimiento económico, de las tasas de interés,
del tipo de cambio y de la composición de la propia deuda. Es por ello que, con
el dinamismo del crecimiento económico, estamos posicionados para seguir
consolidando a las finanzas públicas nacionales.
La estrategia de inversión también amplía los mecanismos para financiar el
desarrollo. A través de nuevos vehículos de inversión y esquemas de
participación mixta, buscamos movilizar recursos públicos y privados hacia
proyectos estratégicos de infraestructura, con estructuras financieras que
permitan hacerlos viables y atraer financiamiento adicional. Con ello, podemos
ampliar el alcance de la inversión pública y generar mayor capacidad
productiva, empleo y crecimiento.
Bajo esta estrategia, en los Requerimientos Financieros del Sector Público se
proyecta un déficit público de 3.9% del PIB para 2027, lo que representa una
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reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al inicio de la administración y
refleja la continuidad de un proceso de consolidación fiscal gradual y
responsable.
Senadoras y Senadores, los resultados que hoy presentamos demuestran que
México sigue avanzando en una estrategia que busca fortalecer el crecimiento,
impulsar la inversión y preservar la estabilidad macroeconómica. Pero
queremos que el crecimiento y la inversión se traduzcan en mayor bienestar,
mejores oportunidades y condiciones de vida para las familias mexicanas.
Desde la Secretaría de Hacienda seguiremos trabajando con responsabilidad y
visión de largo plazo para consolidar un país con mayor crecimiento y
bienestar. Reitero la plena disposición para mantener con esta Soberanía un
diálogo abierto, constructivo y respetuoso para atender sus comentarios e
inquietudes.
Muchas gracias y a sus órdenes.
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