Proteger a las infancias y adolescencias en internet
no es restringir sus derechos
REDIM llama a construir entornos digitales seguros con participación de niñas, niños y
adolescentes, más allá de las restricciones al acceso a internet, las redes sociales y los celulares.
Ciudad de México, 15 de octubre de 2026. Ante el anuncio de la regulación de contenidos violentos en los entornos digitales, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) nos alegramos por esta decisión que reconoce la importancia de que, en esta materia, se coloque al centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, nos preocupa que el decreto Presidencial pueda limitarse a replicar lo ya previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y lo que las empresas que dan estos servicios ya tienen por obligación, según el marco jurídico nacional. Los ajustes que debemos ver en esta fase tienen que contemplar las evidencias que ya existen sobre fallos en el diseño y atención, usando la evidencia que se ha generado desde la academia, instituciones, organizaciones y las propias niños, niñas y adolescentes usuari@s.
Proteger no es limitar a infancias y adolescencias. Las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o el uso de celular en las escuelas. El desafío consiste en construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea. Un diálogo con empresas, y con más actores implicados en la problemática, es positivo y necesario. Por eso en REDIM hemos trabajado todo este año en la estrategia “Clic protegido” como una articulación que puede y debe ir más allá de diálogos bilaterales, involucrando al legislativo, organismos internacionales, empresas tecnológicas y de telefonía, instituciones públicas, academia, organizaciones y a las infancias y adolescencias sujetas de derechos.
Si bien es positivo el decreto, tenemos que señalar como principal falla que no se ha dialogado con niñas, niños y adolescentes. Así, hay dimensiones de implementación que no se contemplan y se corre el riesgo de no respetar el principio de participación en los asuntos que les competen.




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