Las propias niñas y niños, a quienes el cierre dejó sin talleres de arte, sin apoyo escolar y sin el único espacio seguro y gratuito de la colonia para jugar y crear después de la escuela, exigen que se respete su interés superior y sus derechos al juego y a la vida cultural, reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley delos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

Niñas y niños de la colonia Plan de Ayala exigen con un amparo la restitución de su centro cultural.
La Fiscalía sigue sin explicar el desalojo.
El día de hoy, seis madres de familia de la colonia Plan de Ayala promovieron un juicio de amparo en
nombre de 13 de sus hijas e hijos para exigir la restitución del Centro Cultural «Mi Rumbo», sede de Vientos
Culturales, desalojado hace tres semanas sin orden judicial. En el amparo de la propia asociación, ninguna
autoridad ha exhibido el fundamento legal del desalojo.
A la fecha, 315 niñas y niños de Plan de Ayala y 196 vecinas y vecinos han firmado una petición para que
su espacio les sea devuelto. El cerco sellado del Centro Cultural se ha convertido en galería de dibujos y
mensajes de apoyo y reclamo de justicia.
Las propias niñas y niños, a quienes el cierre dejó sin talleres de arte, sin apoyo escolar y sin el único espacio
seguro y gratuito de la colonia para jugar y crear después de la escuela, exigen que se respete su interés
superior y sus derechos al juego y a la vida cultural, reconocidos en la Constitución, la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. El amparo cuenta con el respaldo de la
Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y de la Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM).
Los daños por el desalojo van más allá de la colonia. Desde «Mi Rumbo» se coordina Kuxlejal: cine por la
vida, que trabaja con cerca de mil adolescentes tsotsiles en diez municipios de los Altos de Chiapas.
Antecedentes
La noche del 22 de septiembre, personas armadas y con pasamontañas, acompañadas de patrullas de la
Guardia Estatal Preventiva, irrumpieron sin orden judicial en el Centro Cultural «Mi Rumbo», sede de
Vientos Culturales en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez, desalojaron al velador y colocaron sellos
de aseguramiento de la Fiscalía. Vientos Culturales ocupa el predio desde 1998 por donación de su titular,
quien hoy denuncia a la asociación por despojo, y tiene en curso un juicio civil para que se reconozca su
posesión. A tres semanas de lo ocurrido, el espacio no ha sido devuelto.
Consulta nuestro primer comunicado del 30 de septiembre de 2026: Fiscalía allana y asegura sede de Vientos
Culturales
Una segunda irrupción y ninguna explicación
El 30 de septiembre, ingresaron nuevamente personas que dijeron pertenecer a la Fiscalía, acompañadas
de ocho elementos armados. Se negaron a identificarse, forzaron puertas interiores y elaboraron un
supuesto inventario. A la directora y representante legal de la asociación no la atendieron, no le dieron
razón alguna y no la dejaron entrar a su propia sede.
En el juicio de amparo de Vientos Culturales, las autoridades señaladas ya rindieron sus informes. La Fiscalía
General respondió que ordenar un desalojo o un aseguramiento «no está dentro de sus facultades»; la
Fiscalía de Distrito Metropolitano reconoció la carpeta cuyo número aparece en los sellos, pero no afirmó
que Vientos Culturales sea parte de ella; la Agencia de Investigación señaló que solo dio «seguridad
perimetral». Ninguna ha exhibido una orden judicial ni un acuerdo de aseguramiento. Para las
autoridades, es como si la noche del 22 de septiembre nadie hubiera estado ahí.
El 7 de octubre, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal
en el Estado de Chiapas negó la suspensión definitiva (expediente 1347/2026), por lo que Vientos
Culturales no ha sido restituida en su sede. La audiencia constitucional está fijada para el 27 de octubre.
La decisión sobre la posesión del predio corresponde a un juez civil, y ese juicio está en curso. La
Constitución establece que nadie puede ser privado de sus posesiones sin juicio ante los tribunales (artículo
14); que todo acto de molestia requiere mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y
motivado (artículo 16), y que nadie puede hacerse justicia por sí mismo (artículo 17). Usar un
aseguramiento penal para sacar a quien ha poseído el predio durante 28 años, mientras un juez civil analiza
el caso, es imponer por la vía de los hechos un desalojo que ningún juez ha ordenado.
Ante este escenario de omisiones, dilación y violaciones al debido proceso, refrendamos nuestras
exigencias de:
1.
2.
3.
4.
Investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las actuaciones arbitrarias de la Fiscalía del Estado
de Chiapas y la sanción correspondiente a las personas responsables.
Restitución inmediata del acceso al centro cultural y reanudación de las actividades garantizando la
integridad de las personas, así como la salvaguarda de los bienes y acervo de la organización.
Cese definitivo de las acciones de intimidación, hostigamiento y criminalización en contra de Vientos
Culturales y de quienes la conforman.
Respeto al debido proceso y a la vía jurisdiccional civil en curso.
Recordamos a todas las autoridades que el interés superior de la niñez no es opcional: la Constitución las
obliga a ponerlo por delante en cada decisión que afecte a niñas y niños, incluida la que hoy les impide
regresar a su centro cultural.
Cómo apoyar
La situación de Vientos Culturales es precaria: sin sede ni acceso a sus equipos, la organización sostiene una
vigilia permanente y los costos de dos procesos judiciales.

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