En los últimos 50 años, la región ha registrado pérdidas de 360 millones de dólares y cerca de 100,00 víctimas mortales como consecuencia de estos fenómenosMapfre, FIE y CAF analizaron cómo mejorar la resiliencia financiera y la capacidad de respuesta de la región ante las catástrofes naturales La frecuencia de los desastres naturales en América Latina y el Caribe se ha multiplicado en las últimas décadas, mientras que la falta de cobertura aseguradora continúa exponiendo a millones de personas, empresas y gobiernos a graves consecuencias económicas. Es por esto que Mapfre, El Banco de Desarrollo de América Latina y La Fundación Iberoamericana Empresarial proponen una estrategia regional de resiliencia financiera, seguros y alianzas público-privadas para fortalecer la respuesta ante catástrofes naturales.Así lo señala el informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial de la mano del Banco de Desarrollo de América Latina y Mapfre, como contribución a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre de 2026.América Latina registra un aumento significativo de los desastres naturalesDe acuerdo con el informe, América Latina y el Caribe ha experimentado, en promedio, un desastre natural por semana durante los últimos 50 años. Ante esto, la región ha registrado pérdidas de 360 millones de dólares y cerca de 100,000 víctimas mortales como consecuencia de estos fenómenos. Sin embargo, la frecuencia de estos fenómenos ha aumentado considerablemente. Mientras que a principios de la década de 1970 se registraba aproximadamente un desastre cada tres semanas, entre 2021 y 2025 la cifra alcanzó cerca de 1,5 eventos semanales.Desastres de origen natural registrados en América Latina y el Caribe Según las estimaciones proporcionadas por Mapfre y CAF, cuatro de cada diez habitantes de América Latina y el Caribe han sido afectados por fenómenos extremos, incluidos huracanes, tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales.Los efectos económicos y sociales son especialmente graves para los hogares de menores ingresos, las comunidades rurales y las pequeñas empresas, que cuentan con menos recursos para recuperarse. Tan solo Brasil, Colombia, El Salvador y Perú entre 2000 y 2023, son los países con los hogares más vulnerables y enfrentan con mayor frecuencia choques climáticos. Entre los de menores ingresos, sus consecuencias pueden ser permanentes.Ante la recurrencia de estos fenómenos, es clave contar con instrumentos financieros predefinidos, adecuados a distintos tipos de riesgo y momentos de intervención, como los seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo que permiten disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando improvisaciones cuando se produce una emergencia.Los expertos indican que para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias, y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos que ayuden a cubrir los costes de recuperación.El 81% de las pérdidas económicas por desastres naturales no están aseguradasUno de los principales desafíos identificados es la insuficiente protección financiera frente a las catástrofes. Según estimaciones de Mapfre, la brecha de protección aseguradora en América Latina y el Caribe se sitúa alrededor del 81%, en promedio durante la última década.Esto significa que aproximadamente ocho de cada diez dólares en pérdidas económicas derivadas de desastres naturales no cuentan con cobertura aseguradora, por lo que sus costes recaen principalmente sobre familias, empresas y presupuestos públicos.Ante este escenario, la necesidad de complementar los sistemas tradicionales de protección civil con mecanismos de resiliencia financiera que permitan anticipar recursos, distribuir riesgos y acelerar la recuperación económica. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— que sitúan las necesidades de inversión regional en infraestructura resiliente entre US$9,000 y US$31,000 millones anuales.Los seguros y las alianzas público-privadas, clave para acelerar la recuperaciónFIE, Mapfre, y CAF proponen un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.Este decálogo incluye integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado; reducir la brecha de protección frente a los desastres naturales; priorizar los riesgos, activos y actividades de mayor impacto económico y social; impulsar alianzas público-privadas; preservar la disponibilidad y sostenibilidad de las coberturas; garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables; utilizar la innovación tecnológica y financiera; vincular el aseguramiento con la prevención; construir estándares y capacidades compartidas y avanzar mediante un multilateralismo flexible.Reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.El objetivo es que la región esté mejor preparada para responder a los desastres naturales y cuente con los recursos necesarios para recuperarse con rapidez, proteger a las poblaciones más vulnerables y reducir el impacto de las catástrofes sobre el crecimiento económico y las finanzas públicas. |
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