LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO, ACCEDER O RENUNCIAR AL FUTURO.

Por Lic. Joaquín Ortega

Hoy podemos decir que las reformas con las que se ha pretendido maquillar el saqueo de los ahorros obreros para el retiro, por parte del sistema financiero nacional ES ILÍCITA. Es INCONSTITUCIONAL, la reforma a la Ley del IMSSS a la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y a la Ley del Infonavit porque:

a).- Establece el régimen de aportaciones patronales en UMAS, cuando los trabajadores cotizan en un porcentaje de sus salarios. Una UMA vale 42% menos que un salario mínimo, y su sistema de calculo y actualización no está ligado ni al crecimiento del salario ni de los precios ni de la economía sino a las posibilidades de pago del Estado.

De acuerdo con el artículo 26 Constitucional y los transitorios de su reforma del año 2017, LA UMA es una medida de pago de obligaciones ESTATALES no de prestaciones LABORALES, que tiene como base el salario y que, como parte del salario,

b).- Establece la denominación de cantidades que forman parte del salario en una forma distinta a la de la moneda de curso legal, contra lo que establece el CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SALARIO. (CONVENIO 95). que aprobó el Senado el 29 de diciembre de 1954 y fue publicado en el D. O. F: 12 de diciembre de 1955 ya que las UMAS NO SON MONEDA DE CURSO LEGAL aunque puedan expresare en ella,

c).- El proceso de creación legal de la reforma OMITIÓ LA CONSULTA PREVIA, a quienes son dueños de esos pagos por trabajo que constituyen las aportaciones a los fondos pensionarios, que, como pagos por trabajo son constitucionalmente SALARIO, del que solo puede disponer el trabajador.

d).- El proceso de creación de esa reforma se llevo a cabo sin que se estudiara siguiera en las comisiones correspondientes otra propuesta de reforma presentada por el Partido del Trabajo a partir de una INICIATIVA POPULAR respaldada por mas de 170,000 firmas de jubilados, pensionados y adultos mayores.

Es necesario, por tanto:

SE EXPIDAN DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO POR LAS QUE EL ESTADO GARANTICE LA EFICACIA DEL SISTEMA PENSIONARIO, como lo ordenan, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) de la Oficina Internacional del Trabajo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que establecen:

La obligación de los estados suscritores. de GARANTIZAR el pago de pensión de vejez y de incapacidad en condiciones de SUFICIENCIA Y DIGNIDAD, determina la necesidad de expedir disposiciones de derecho interno que provean a esa garantía DEL ESTADO y las tasas cantidades MÍNIMAS de pensión que el Estado debe garantizar.

Para cumplir con esos requerimientos de derecho internacional, esas obligaciones convencionales, se necesita un sistema de seguridad social con suficiencia de recursos económicos. La insuficiencia del sistema de seguridad social y obviamente, del sistema pensionario, bajo las condiciones que la ley establece, no solo atañe a la ilícita disposición bancaria de la parte del salario que constituyen las aportaciones al fondo de retiro, sino su manejo especulativo para exclusivo beneficio de particulares ajenos al titular del derecho y la falta de garantía estatal de la cobertura comprometida.

La Oficina Internacional del Trabajo de la ONU. ha recomendado ya la VUELTA AL SISTEMA SOLIDARIO, un sistema sustentado. en la constante producción de riqueza del trabajo asalariado que incide en el pago de salarios y en la renta del capital, un retorno a bases sólidas y progresivas de sustentación económica, que se recomienda con fundamento en los últimos estudios realizados. cuyos resultados se fundan en la experiencia vivida en nuestro país y en la mayoría de los que adoptaron el sistema de ahorro individual y manejo bancario de los fondos de retiro.

Es indispensable el cambio del régimen financiero de la seguridad social, que actualmente se sustenta en un porcentaje del ingreso DEL TRABAJADOR que el trabajador aporta y un porcentaje del ingreso DEL TRABAJADOR, que aporta el patrón, pero ambas magnitudes, parte del salario, que ha perdido en los últimos treinta años el 83% de su poder de compra, y por tanto ha hecho descender los el poder de compra d e ls seguridad social en esa misma dimensión, al tiempo que se ha incrementado el numero de derechohabientes con el aumento de los índices de sobrevida.

La insuficiencia podría resolverse ya, de una sola vez si el capital aporta el mismo porcentaje DE SUS INGRESOS, que el que aporte el trabajador pues la seguridad social incrementaría su fuerza económica al ritmo de la renta del capital, sobre todo, del gran capital.

Se requiere hacer PERMANENTEMENTE TRANSPARENTE la administración de los fondos de seguridad social y sujetar sus políticas a consulta permanente con los derechohabientes, pues los trabajadores mexicanos han sido robados sistemáticamente durante, por lo menos los últimos treinta años, sin posibilidad de defenderse.

Un sistema de seguridad social es necesariamente un sistema de SOLIDARIDAD SOCIAL.

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