Las pensiones no contributivas deben evaluarse también por su impacto social. Han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas adultas mayores. Entre 2018 y 2024, la pobreza extrema en adultos mayores se redujo de 8.8% a 3.8%, mientras que la pobreza en general de este grupo disminuyó de 43.2% a 23.6%, equivalente a 1.3 millones de personas menos. Presentar únicamente el gasto aislado ignora su función redistributiva, su contribución a reducir vulnerabilidad y su papel en fortalecer el ingreso de hogares con menor capacidad de generar recursos laborales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclara que el estudio del IMCO
publicado en Reforma ofrece una interpretación incompleta porque mezcla
conceptos de naturaleza distinta y omite las fuentes de financiamiento y los activos
disponibles para hacer frente a las obligaciones de deuda y pensiones.
Las pensiones contributivas no pueden analizarse como gasto sin respaldo; derivan
de derechos laborales adquiridos y están asociadas con aportaciones a la seguridad
social, reservas y mecanismos financieros diseñados para cubrir obligaciones
presentes y futuras. Entre enero y marzo de 2026, las contribuciones a la seguridad
social ascendieron a 178 mil millones de pesos, mientras que las reservas
actuariales y financieras de los institutos de seguridad social se ubicaron en 543.2
mil millones de pesos. Además, los recursos administrados por las Afores ascienden
a 8.3 billones de pesos, equivalentes a 24% del PIB, y se estima que superen 30%
del PIB hacia 2030.
Por ello, presentar sólo el monto de gasto, sin reconocer contribuciones, reservas y
activos financieros, ofrece una visión parcial del sistema. Además, por la transición
demográfica y de régimen pensionario, la presión de las pensiones contributivas
tenderá a disminuir hacia 2042, cuando la mayoría de las pensiones sean
financiadas mediante cuentas individuales.
Las pensiones no contributivas tienen una naturaleza distinta; son un derecho
Constitucional legitimado con el voto popular, el Congreso de la Unión y los
Congresos Estatales. Están dirigidas a personas adultas mayores y grupos
vulnerables que, en muchos casos, ya no están en condiciones de trabajar y no
tuvieron acceso a una pensión contributiva. Esta situación refleja una estructura
laboral heredada con alta informalidad y precariedad de los salarios, aunado a
trayectorias laborales interrumpidas y normas sociales que históricamente no
reconocieron ni remuneraron el trabajo doméstico y de cuidados, realizado
principalmente por mujeres.
Por ello, las pensiones no contributivas deben evaluarse también por su impacto
social. Han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas
adultas mayores. Entre 2018 y 2024, la pobreza extrema en adultos mayores se
redujo de 8.8% a 3.8%, mientras que la pobreza en general de este grupo disminuyó
de 43.2% a 23.6%, equivalente a 1.3 millones de personas menos. Presentar
únicamente el gasto aislado ignora su función redistributiva, su contribución a
reducir vulnerabilidad y su papel en fortalecer el ingreso de hogares con menor
capacidad de generar recursos laborales.
También es necesario corregir la lectura sobre deuda pública. Utilizar únicamente
la deuda bruta puede sobredimensionar la posición financiera del sector público,
porque no reconoce que el Estado cuenta con activos financieros, reservas
actuariales, fondos de estabilización y otros instrumentos que generan rendimientos
y permiten afrontar pasivos. Al cierre de marzo de 2026, la deuda neta en sentido
amplio (SHRFSP) se ubicó en 50.4% del PIB, por debajo del 53.9% del PIB de la
deuda bruta, debido al efecto de los activos financieros del sector público,
equivalentes a 3.5% del PIB.