| La empresa que ganó el contrato no sería la que lo ejecuta — y la obligada solidaria no tiene proyectos de seguridad en su portafolio. |
| La operación y fortalecimiento tecnológico del sistema de seguridad del Estado de México no es cualquier cosa. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI en junio de 2026, reporta que en Chimalhuacán el 80.3% de la población se siente insegura; en Ecatepec, el 78.7%; y siete de las ocho ciudades mexiquenses medidas superan el 70%. El 22 de diciembre de 2025, la entidad asignó uno de los proyectos de infraestructura tecnológica más importantes del país. Se trata del contrato CS/A/155/2025, por un monto de 6,975 millones de pesos y una vigencia de 1,407 días naturales para, de manera integral, dar mantenimiento, operar y fortalecer el programa de seguridad y monitoreo estatal. El contrato fue celebrado entre la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México y Grupo Desarrollador Caseoli, S.A. de C.V. Empresa en la que aparecen dos actores relevantes de la infraestructura mexicana: Mota-Engil México, como obligado solidario, y Grupo Prodi, accionista de Caseoli, ambos presididos por José Miguel Bejos. ¿Qué experiencia tiene Mota-Engil en seguridad pública? Ninguna. Ni en el portafolio de servicios que publica en México —autopistas Perote-Xalapa y Siervo de la Nación, Línea 3 del Metro de Guadalajara, conservación vial, puertos y logística, gestión de residuos, plantas hidroeléctricas— ni en los segmentos de negocio de su matriz portuguesa —ingeniería y construcción, ambiente y servicios, concesiones de transporte, energía y minería— figura un solo proyecto de seguridad pública o de tecnología de vigilancia. Su único vínculo documentado con el sector es otro: en proyectos de seguridad gubernamental en los que participa se ha introducido equipo de Hikvision, fabricante chino incluido en la Entity List de Estados Unidos y vetado por reguladores de telecomunicaciones estadounidenses y de otros países por riesgos de seguridad nacional. El desempeño reciente de la concesionaria tampoco ayuda. La autopista Siervo de la Nación, a cargo de Mota-Engil permanece cerrada en un tramo clave desde el 18 de abril, luego de que un incendio bajo la estructura dañara elementos del viaducto. El propio Gobierno del Estado de México estimó seis meses de inoperatividad. Actualmente la reconstrucción no ha comenzado, mientras miles de automovilistas y usuarios de la Línea 2 del Mexibús enfrentan un caos vial diario. Otro punto de análisis es la estructura de capital de la matriz. China Communications Construction Company (CCCC), empresa propiedad del Estado chino, que mantiene una participación superior al 30% en Mota-Engil SGPS —umbral que conserva deliberadamente porque le otorga derechos calificados conforme a los estatutos de la compañía—. Es decir, el accionista de referencia de la empresa que responde solidariamente por la infraestructura crítica de seguridad del Estado de México es una empresa estatal china. ¿Qué dirán los americanos cuando adviertan que el sistema de seguridad y videovigilancia de la entidad más poblada de México — vecina de su frontera comercial más importante — opera con equipo de un fabricante que ellos mismos vetaron, y bajo una estructura corporativa con capital estatal chino en posición de referencia? De acuerdo con información recabada para este trabajo, la ejecución del contrato estaría siendo trasladada a Seguritech, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México. La investigación «La rentabilidad del miedo», de POPLab y CONNECTAS, documentó que ese grupo ha recibido desde 2012 más de 52 mil millones de pesos en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales, sin que esa inversión se haya traducido en una mejora consistente de la seguridad en la mayoría de los estados analizados. El caso escaló hasta Palacio Nacional, en junio se planteó públicamente una auditoría federal y una posible investigación de la FGR sobre los contratos de esa empresa. La empresa que ganó el contrato no sería la que lo ejecuta. Resalta que el contrato prohíbe la cesión y condiciona cualquier subcontratación a la autorización expresa de la contratante. Es decir, el Gobierno del Edomex no es espectador de este traslado — es la parte cuya autorización se requiere, y la que dispone de los instrumentos contractuales para exigir cuentas, verificar quién opera realmente el sistema y proteger un proyecto del que depende la seguridad de millones de mexiquenses. La primera palabra es suya. |
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