LA OPACIDAD NO PUEDE NI DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MÉXICO

La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental es un derecho consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución y no debe estar sujeto a la voluntad de autoridad alguna. En esta Señal Coparmex analizamos el contexto y los retos que enfrenta el país en esta materia y hacemos propuestas para impulsar ante el gobierno federal que este derecho humano sea respetado a cabalidad a 20 años de distancia en el que la ciudadanía -gracias al trabajo en equipo de la sociedad civil y los poderes ejecutivos y legislativo- logró un marco legal robusto, que además es considerado el segundo mejor del mundo por el Ranking Global del Derecho a la Información publicado por el Centre for Law and Democracy.

Coparmex considera que al clasificar las obras prioritarias de este gobierno como de Seguridad Nacional, logra el gobierno el efecto de que se reserve todo lo relacionado a las mismas, incluyendo contrataciones públicas y fallas en planeación y ejecución del gasto, lo cual vulnera nuestro derecho humano y favorece la opacidad, violando el derecho de acceso a la información pública gubernamental consagrado en la Constitución y dañando severamente el principio de máxima publicidad. Mismo efecto genera la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en mayo pasado reservar hasta el 2025 la información de las compras de las 206.9 millones dosis de vacunas AntiCovid. Mismo criterio de opacidad se refleja en la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones realizada de manera muy forzada en el Congreso de la Unión, para exceptuar de los procesos de contratación y transparencia, las compras relacionadas con salud, cuando sociedad civil, academia y organismos empresariales alertamos, que tal reforma era una reforma para provocar opacidad, ya que esa misma ley contiene normas para exceptuar determinadas etapas y procesos ante casos de emergencia.

Aquí, citamos tres ejemplos que merece la pena resaltar para alzar la voz y expresar contundentemente que, ni la “seguridad nacional” ni la pandemia pueden ser argumentos para  abusar de excepciones que atenten contra de la transparencia en el ejercicio del gasto público y el ejercicio de facultades de nuestras autoridades.

En el orden estatal, si bien aún existen áreas de oportunidad, se debe reconocer que ha habido avances en los últimos años en materia de transparencia presupuestal y ello es importante puesto que los gobiernos estatales ejercen un tercio del gasto público. Según el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cumplimiento promedio en el reporte de la información presupuestal pasó de 53% en 2008 a 93% en 2022 y en esta última edición del BIPE 2022, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100%. Guerrero fue la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70%.

Deben seguir los esfuerzos en las entidades federativas para que los órganos garantes logren que sus resoluciones sean cumplidas y seguir impulsando que se publique la información sobre contrataciones públicas, deuda pública, salarios y plazas del personal, información de los fideicomisos y hacer más accesible la información para la ciudadanía, además de ser oportuna y actualizada.

Las conductas de opacidad impactan también el clima de certidumbre en los negocios en nuestro país e impide el florecimiento de los ya existentes y la atracción de nuevas inversiones privadas nacionales y extranjeras. El informe “Declaraciones sobre el Clima de Inversión en 2022: México”, publicado en julio pasado por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos expresó “preocupaciones” respecto al compromiso del Gobierno mexicano con la transparencia.

En el marco de las Juntas Binacionales Coparmex México-EEUU, la directora de la Oficina del Departamento de Energía de la Embajada de EEUU, advirtió que “México no puede tener éxito con la opacidad y la falta de certeza en los ambientes de inversión y regulatorios; los inversionistas del sector privado deben tener las reglas claramente bajo las que están trabajando y no poder ir tras puertas cerradas para poder tener la aprobación de sus papeles abiertamente y tener un exceso regulatorio”. 

Asimismo, la embajada de Corea del Sur en México recientemente advirtió que nuestro país ofrece grandes oportunidades; sin embargo, para fomentar una mayor inversión, el gobierno necesita mejorar en tres áreas: la transparencia, la seguridad y dar garantías a los inversionistas.

Hacemos un respetuoso llamado a los Poderes de la Unión del orden federal y locales, para que no se retroceda en la política de transparencia, acceso a la información pública gubernamental y rendición de cuentas con reformas legislativas y administrativas que de un día a otro provocan la reserva de información, que antes era pública. Nuestras autoridades deben comprometerse con el respeto al derecho humano de acceso a la información para que la ciudadanía pueda comprobar la eficiencia, eficacia, oportunidad y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. Nuestro mensaje es claro: la opacidad no puede ni debe convertirse en una política de Estado.

luismart_ic@yahoo.com.mx

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